jueves, 12 de junio de 2008

Defensa del Petróleo

Usted está aquí: jueves 12 de junio de 2008 Política La SCT sí otorgó un permiso a Ivancar, revela el IFAI

■ Fue avalado en 2001, cuando Mouriño era diputado federal

La SCT sí otorgó un permiso a Ivancar, revela el IFAI

■ Ordena a Los Pinos buscar documentos sobre vestuario de Calderón

Elizabeth Velasco C.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concedió un permiso único por tiempo indefinido a la empresa Transportes Especializados Ivancar SA de CV, propiedad de la familia del actual titulat de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilio Mouriño.

El permiso, otorgado en 2001, cuando Mouriño se desempeñaba como diputado federal, autoriza otorgar el servicio de autotransporte federal de carga, en este caso de material peligroso y residuos. Por las características del acuerdo, Ivancar puede incluir el número de vehículos que considere pertinente para prestar el servicio.

Lo anterior se desprende del recurso 1264/08, que aprobó ayer el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el cual no se discutió en sesión pública, sino en cónclave previo entre los cinco comisionados.

Inicialmente, se indica en el documento, Ivancar contaba con una flotilla de 34 camiones; sin embargo, dio de baja cuatro entre 2005 y 2008, por lo cual opera con 30 unidades.

Según la SCT, ese permiso se otorga por "única vez" y la empresa puede incluir en cualquier momento algún otro vehículo sin solicitar autorización.

La autorización a favor de familiares de Mouriño Terrazo se dio en Campeche, estado que como diputado federal representó en el Congreso de 2000 a 2003. Según constató el IFAI, "la empresa prestará el servicio de autotransporte con los vehículos que se den de alta".

El IFAI revisó también el listado emitido por la Dirección de Sistemas y Operación de la SCT, donde consta el reporte de placas activas de la Empresa Transportes Especializados Ivancar, así como 51 hojas que contienen las altas y bajas de vehículos autorizados a dicha compañía.

En el análisis "no fue posible identificar todos los vehículos enlistados en el reporte de placas activas, en virtud de que algunos documentos no son del todo legibles", se consigna.

Por eso, se ordenó a la SCT que informe al solicitante de las copias acerca de los diferentes medios de entrega de la información –se la habían remitido vía electrónica–, con la finalidad de que pueda acceder a textos legibles.

Por otro lado, en sesión pública el IFAI ordenó a la Presidencia de la República que realice una búsqueda exhaustiva de documentos vinculados con gastos por el vestuario de Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala.

El comisionado Alonso Lujambio, presidente del IFAI y ponente del recurso, había confirmado la respuesta de inexistencia que declaró Los Pinos, con el argumento de que en marzo de 2006 el Congreso desapareció la partida 3825, a causa de los escándalos protagonizados por Vicente Fox y Marta Sahagún, por los estratosféricos gastos que la segunda causó al erario en la adquisición de vestimenta de diseñadores famosos.

Sin embargo, Jacqueline Peschard objetó la resolución de Lujambio, al señalar que aún existe la partida 2701, que incluye recursos para gastos genéricos en favor de los habitantes de Los Pinos –vestuario, uniformes y blancos–, por lo cual se modificó la resolución y se ordenó la búsqueda exhaustiva.

Asimismo, el IFAI ordenó –con el voto en contra de Lujambio– al Servicio Postal Mexicano que difunda los nombres de cinco senadores que enviaron, cada uno, 600 mil piezas de correo gratuito.


Usted está aquí: sábado 17 de mayo de 2008 Opinión Desfiladero

Desfiladero

Jaime Avilés

■ México 2009: toda forma de oposición quedará proscrita

Bajita la mano, la ultraderecha golpista ha tejido una telaraña de acero para estrangular judicialmente al Frente Amplio Progresista (FAP), sacar del Poder Legislativo al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, colocarlo en el terreno de la ilegalidad, justificar su represión, someter al Gobierno del Distrito Federal y neutralizar a Andrés Manuel López Obrador, con el fin de garantizarle a Estados Unidos y a España, antes o después de las elecciones de 2009, la privatización total de Pemex.

Como no bastó el fraude electoral de 2006 para controlar a los millones que se oponen pacífica, democrática y activamente al programa depredador de Felipe Calderón Hinojosa, éste ha puesto en marcha una ofensiva que se desarrolla en varios frentes. A saber, a) dinamitó desde adentro, con la entusiasta colaboración de los chuchos, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con lo que el FAP perderá la mayor fuerza política que lo integra; b) limpió el Instituto Federal Electoral (IFE) al enterrar los despojos del mafioso Luis Carlos Ugalde para sustituirlo por Leonardo Valdés Zurita (Vazurita), quien prepara desde ya el fraude del año entrante que le robará el máximo número posible de diputaciones al FAP.

De manera simultánea, c) otra vez con el apoyo irrestricto de los chuchos, en este caso representados por Ruth Zavaleta, modificó las leyes que rigen el funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, para destituir a los actuales consejeros del instituto electoral capitalino (IEDF), y remplazarlos por cuadros sumisos a los intereses que aborrecen a Marcelo Ebrard y sueñan obsesivamente con imponerle una mayoría panista en la Asamblea Legislativa, antes de destituirlo.

Todo lo anterior, naturalmente, en función del compromiso que Calderón contrajo con los estadunidenses –a partir de su encuentro con Jeffrey Davidow, en noviembre de 2003, en California– y, a través de Juan Camilo Mouriño, con la gasera gallega Repsol, para entregarles Pemex a cambio de que lo sentaran en la Presidencia de la República.

A tal efecto, el pasado 10 de abril –aniversario luctuoso de Emiliano Zapata– Calderón Hinojosa envió al Senado sus primeras cinco iniciativas de reforma –para permitir la participación de empresas privadas en exploración, explotación, refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos–, con los pueriles pretextos de que eso "fortalecerá" a Petróleos Mexicanos (Pemex), "nos" ayudará a extraer el crudo ultrapesado de las aguas profundas y harán posibles "más hospitales, carreteras y escuelas para que ningún mexicano se quede sin estudiar".

Ante la previsible respuesta del FAP, que tenía lista una huelga legislativa en ambas cámaras del Congreso para evitar el madruguete de los petrosenadores, la ultraderecha usó como de costumbre la artillería pesada de los medios y el bombardeo implacable de los levantacejas y de los espots calumniosos, como el de Hitler. En medio de la gritería por el supuesto "secuestro" del Poder Legislativo, los senadores del PRIAN aprobaron al vapor un conjunto de leyes anticonstitucionales, mientras sus diputados, con la abierta complicidad de Zavaleta, creaban las condiciones necesarias para descabezar al instituto electoral capitalino, cosa que harán la semana próxima.

Así, después de alabar hipócritamente el acuerdo "civilizado" que pactó un debate sobre la reforma calderónica, la ofensiva siguió su curso. Los chuchos se apoderaron de la dirección del PRD, con el respaldo del tribunal federal electoral, sujeto a los designios del gobierno espurio, y el IFE de Vazurita, apenas anteayer, se quitó la máscara al multar con 119 millones de pesos a los partidos integrantes del FAP por sus críticas a las promesas electorales de Calderón, mientras imponía una sanción de sólo 10 millones al PAN y al Verde Ecologista por la campaña sucia que en horario estelar, durantes meses, repitió que López Obrador era "un peligro para México".

Moraleja: la ultraderecha golpista ha abolido la Constitución. Mouriño es inocente aunque se demuestre lo contrario; el góber precioso también, y con él –ya lo dijo la Suprema Corte– todos los pederastas amigos de los de arriba; Ulises Ruiz puede seguir asesinando a los oaxaqueños; a Etilio González Márquez le asiste el privilegio de mandar a chingar a su madre a sus gobernados; Enrique Peña Nieto avanzará rumbo a la Presidencia cada vez que se ufane de la represión que mató a dos jóvenes, violó a decenas de mujeres y encarceló, después de moler a palos, a un centenar de indígenas en Atenco; Eduardo Bours será condecorado, entre otras cosas, por haber metido presos a los ecologistas que trataban de salvar los últimos árboles de la ciudad de Hermosillo, y nadie será perseguido, investigado ni sentenciado nunca por las desapariciones y los descuartizamientos de mujeres en Ciudad Juárez.

¿Quiénes son entonces los verdaderos destinatarios del "¡ya basta!" que Calderón lanzó el pasado lunes, dando un manotazo de impotencia, desde Los Pinos? ¿Los 110 millones de mexicanos, a quienes les exigió que "no sean cómplices y denuncien los delitos sin solapar la existencia de criminales"? ¿O los jueces, a quienes, sin tener facultades para ello, ordenó que "cierren el paso a la impunidad" e impidan que los malhechores salgan de la cárcel "por su propio pie"? ¿O los medios de comunicación, a los que insultó al acusarlos de "compartir" (sic) la "estrategia de los criminales que buscan sembrar terror"?

¿Quiénes son los culpables de la evidente disolución del gobierno en México? ¿Los medios? ¿Los jueces? ¿Los ciudadanos? ¿O la ineptitud extrema de un fanfarrón sin escrúpulos, que asaltó la Presidencia nada más pero nada menos que para despojarnos del petróleo? Lo cierto es que mientras en el Senado comenzaba el debate sobre el futuro de Pemex, Calderón envió, ahora a los diputados, una sexta iniciativa de reforma, para establecer la reducción de impuestos, de entre 15 y 20 por ciento, que beneficiará a Repsol y Halliburton por extraer el tesoro de las aguas profundas.

¿Más claro? Ni el agua. Al terminar el debate, los senadores y diputados del PRIAN consumarán la privatización de Pemex. La única forma de impedirlo es la movilización popular. Desde ya. ¿Cómo? Impulsando en las calles, en los mercados, en los parques, en las centros de trabajo, de estudio y de entretenimiento, y en todo lugar una profunda deliberación popular sobre el futuro de este país sin leyes ni gobierno, antes que, tras las elecciones de 2009, Calderón decrete que toda forma de oposición a su "gobierno" será proscrita y castigada, si bien nos va, como delito de terrorismo.

Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com



Usted está aquí: jueves 12 de junio de 2008 Opinión Por el plebiscito

Octavio Rodríguez Araujo

Por el plebiscito

Hace muchos años un famoso priísta que se estaba estrenando en la oposición, primero en el Frente Democrático Nacional y luego en el Partido de la Revolución Democrática, me preguntó qué se sentía estar en la oposición. "Dímelo tú –le contesté–, yo siempre he estado en la oposición." Él cambió y, según he podido ver a lo largo de los años, se ha sentido muy contento en la oposición, aunque no siempre ha sido consistente con lo que se supone que significa ser opositor, y menos de izquierda. Pero no pidamos peras a los olmos: la gente del poder siempre actúa según su conveniencia política en la pista donde más ventajas cree que puede obtener.

Unos años después de esa conversación se promovió una consulta ciudadana para la democratización del Distrito Federal. Se trató de un plebiscito para saber qué opinaban los ciudadanos de la capital de la República sobre la posibilidad de que su gobierno fuera electo y que se convirtiera en el estado 32, con su propio congreso local, como el que tienen las demás entidades federativas. Gobernaba Carlos Salinas de Gortari y el jefe del Departamento del Distrito Federal era Manuel Camacho. Su secretario de gobierno era Marcelo Ebrard, si mi memoria no me traiciona. Estos funcionarios, entonces salinistas, estuvieron en contra del plebiscito ciudadano. Sin embargo, éste se llevó a cabo y más de 300 mil mexicanos en edad de votar se expresaron a favor de una reforma que ahora usufructúa ni más ni menos que Ebrard.

Es de sabios cambiar de opinión, dice el refrán. Ahora Marcelo Ebrard, el mismísimo gobernante que impide que los habitantes con vehículos registrados en provincia (salvo del estado de México, Querétaro, Hidalgo y Puebla) entren al Distrito Federal entre las cinco y las once de la mañana, no sólo está de acuerdo en un plebiscito sobre el tema energético, sino que lo promueve en y fuera de la ciudad que gobierna. Está bien. Es un asunto que interesa a toda la población por la sencilla razón de que está en juego el futuro del país y de nuestra soberanía ya de suyo disminuida gracias a los gobiernos tecnocráticos neoliberales (del PRI y del PAN, indistintamente). Lo mismo debió hacer Salinas de Gortari con nuestro ingreso en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero no se hizo: se nos impuso y así nos ha ido.

Es interesante observar que muchos que apoyaron el plebiscito de 1993 sobre la democratización del Distrito Federal son ahora opositores al que se pretende llevar a cabo sobre el estatus de Petróleos Mexicanos y nuestro petróleo. Algunos de estos ahora opositores –la mayoría, comenzando por los gobernante– son del Partido Acción Nacional, los mismos que en 2000 estaban a favor de las figuras de plebiscito y referendo, incluso con la participación del IFE que ahora objetan. Se oponen porque saben que de realizarse el plebiscito es muy probable que la mayoría de quienes se expresen esté en contra de los planes de Felipe Calderón en relación con Pemex. Otros fueron más lejos, como el economista Reyes Heroles, director de Pemex, quien no sólo se opone al plebiscito, sino que se ha botado la puntada de emular a Porfirio Díaz opinando que se trata (el del petróleo) de un problema suficientemente complejo (como siempre lo ha sido el de la democracia) como para ser comprendido por el pueblo mexicano. El flamante director de Pemex, sombra pálida de otro del mismo nombre y apellido que engrandeció a la empresa, no sólo desdeña al pueblo mexicano, sino que olvidó un dato importante e insoslayable en este país y en cualquiera que se pretenda democrático: que la soberanía radica en el pueblo y que una democracia es, por definición, la voluntad del pueblo y no la de un grupito de supuestos expertos.

Entre más aceptación popular tiene la idea del plebiscito más oposición genera y, como siempre, precisamente de quienes se verían afectados por los negocios que han prometido a empresas trasnacionales sin importarles la soberanía del país ni el futuro de los mexicanos.

Cierto es que Pemex es una empresa (organismo público descentralizado del Estado) que ha sido mal administrada, que su sindicato goza de privilegios astronómicos y corruptos, que se ha abusado de ella para fines no precisamente populares y que, por lo mismo, requeriría una restructuración en serio. Esto no es novedad, pero también es cierto que dicha restructuración tendría que dejarse para después, para cuando se haya asegurado que la empresa y su nutriente estratégico queden en manos nacionales. Un próximo gobierno que, además de legitimidad, sea nacionalista, podrá sanear la empresa, aunque no será fácil, pues son muchos los intereses creados en su seno y acumulados a través de décadas de corrupción. El problema futuro es de dónde saldrá ese próximo y necesario gobierno nacionalista, que además de ser legítimo sea democrático y con memoria histórica. Pero ésta es otra cuestión sobre la que también se ha escrito y se escribirá mucho.

Por ahora, aunque sus resultados no estén garantizados en uno u otro sentido, lo que importa es el plebiscito, independientemente de quiénes sean los que lo promueven. Apoyémoslo y participemos, pero que no se confundan sus principales promotores: tenemos muchas críticas sobre lo que están haciendo al margen del tema energético.

Pemex NO se vende, SE DEFIENDE hasta con los dientes.

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