lunes, 19 de enero de 2009

Defensa del Petróleo - Noticias

Ana Lilia Pérez, periodista de

Contralínea, pasa a la

clandestinidad.

La periodista Ana Lilia Pérez, quien investigó y divulgó
asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que
involucran a empresarios, funcionarios y
políticos de muy alto nivel, se encuentra oculta
como prevención ante las amenazas de muerte que
ha recibido y para evitar su detención, derivada
de una denuncia por "daño moral" interpuesto por empresarios gaseros.

A través de un mensaje, leído por ella misma vía
telefónica, ayer al mediodía, Ana Lilia explicó a
la opinión pública, y a quienes se encontraban
frente al Hemiciclo a Juárez durante un acto de
solidaridad, los pormenores de la persecución de
que es objeto, luego de que su coacusado, Miguel
Badillo, director de la Revista Contralínea, fue detenido el viernes anterior.

Este es el texto:

He pasado las horas más terribles de mi vida. En
estos momentos estoy escondida, resguardada
porque un juez de Guadalajara liberó una orden de
aprehensión en mi contra, simplemente porque
cumplí con mi deber periodístico de investigar y
divulgar asuntos de corrupción en Petróleos
Mexicanos, y que involucran a empresarios,
funcionarios y políticos de muy alto nivel.

Es el costo que he pagado por revelar, hace casi
un año, los contratos que firmó en Pemex Juan
Camilo Mouriño, y por investigar y publicar los
negocios en Pemex de otros empresarios vinculados
con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República.

Pasé la noche en vela por segunda ocasión, atenta
a que de un momento a otro mis captores me
ubiquen y me lleven no sé a dónde y ni en qué condiciones.

Mi familia no sabe de mí y ahora, por oídos de
todos ustedes, les digo que espero seguir viva.
Mis temores no son en vano. Desde el año pasado
denuncié ante las autoridades judiciales, ante la
Fiscalía de Protección a Periodistas, ante el
congreso de la Unión, el acoso en mi contra, las
amenazas de muerte, la persecución, la vigilancia
en mi domicilio, pero ninguna autoridad, en absoluto, movió un dedo

No sé si el día de mañana mi abogado me pueda
conseguir un amparo y si mañana, al tenerlo, habrá otra acusación en mi contra.

No maté, no robé, no violente ley alguna. Mi
única arma es la palabra, y con ella, hice lo
único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión
de la que me sostengo con un salario ganado
decorosamente, sin pretensiones de
enriquecimiento, como me han ofrecido los
empresarios y funcionarios a quienes he investigado.

¿Y saben por qué los he investigado? Porque es
derecho de todas las mexicanas y los mexicanos
conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos
ingresos sostienen la economía de este país y de
la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos.

En mi vida nunca he tenido algún conflicto con la
ley y, sin embargo, hoy estoy escondida, como no
lo están siquiera los narcotraficantes o
defraudadores de cuello blanco de este país, no
puedo ni siquiera asomarme a una ventana y mucho
menos buscar contacto en el exterior.

Agradezco de antemano a las y los colegas y
miembros de la sociedad civil, organizaciones y
defensores de derechos humanos preocupados por mi
situación y la del resto del equipo de Contralínea

LOS MOTIVOS

Les explicaré los motivos que me orillaron a
convertirme en una prófuga de las autoridades
judiciales, que no de la ley ni la justicia:

La mañana del viernes, camino a mi trabajo me
enteré que mi compañero, jefe y amigo, el
periodista Miguel Badillo Cruz, director de las
revistas Contralínea y Fortuna --en las cuales
desde hace seis años me desempeño como
reportera-- había sido detenido al sur de la
ciudad, por elementos policíacos, en
circunstancias completamente oscuras. La
detención era inverosímil, aún en el acoso y las
agresiones que los dos hemos vivido en los
últimos meses. Ya en la redacción, las y los
trabajadores de Contralínea vivimos momentos de
zozobra por desconocer su estado físico y situación jurídica.

Hacia el medio día, estando preso en El
Torito, Miguel se enteró de que existía también
una orden de aprehensión contra mí, y por
terceros me lo hizo saber. La noticia me cayó
como un balde de agua fría. En ningún momento
hubo autoridad alguna que me notificara del
supuesto desacato en el cual incurrí, y por mi
compañero preso supe que yo enfrentaba una orden
de aprehensión. A medida que las horas
transcurrían se reducía mi posibilidad de obtener
un amparo. Aumentó mi desolación.

Con el riesgo de que mis captores me ubicaran, al
ser yo la autora de las investigaciones
periodísticas publicadas en las revistas
Contralínea y Fortuna relacionadas con el
consorcio denominado Zeta Gas, por las cuales se
detuvo a Miguel Badillo, me correspondió explicar
a las y los colegas de los medios de comunicación
el origen de la detención, así como el acoso que
desde hace más de un año hemos padecido, por
parte del poderoso empresario Jesús Alonso
Zaragoza López, accionista mayoritario y
presidente del Consejo de Administración de las
80 empresas que integran el consorcio, dedicado
al almacenamiento y distribución de gas licuado
de petróleo. Acoso ejercido de forma directa por
sus abogados, sus guardaespaldas, además de
funcionarios públicos locales y federales que se
han prestado a sus arbitrariedades.

Ante las declaraciones que se fueron vertiendo
sobre la detención de Badillo, comprendí que las
autoridades no solamente eran indolentes, sino
cómplices de los ataques de Jesús Alonso Zaragoza
López en contra de un medio de comunicación que
no hizo otra cosa que cumplir con su deber de
informar a la sociedad de los negocios que se
hacen con el dinero público, específicamente con el de Petróleos Mexicanos.

Tan cómplices fueron quienes detuvieron a Miguel,
como lo fueron los jueces y magistrados que
durante el año pasado emitieron un veredicto en
el que resolvieron que yo no tenía derecho a
publicar las entrevistas que me concedió Zaragoza
López, entre otras razones, porque los hechos
narrados tuvieron lugar en la frontera norte y yo
radico en el Distrito Federal.

Así que, al escuchar a las autoridades declarar
que la detención de Badillo había sido "legal",
aún cuando nunca hubo notificación alguna, supe
que tenía que huir. Me fui con la ropa que traía
puesta. Dejé trabajo, escuela, casa y familia,
por el riesgo de, en el mejor de los casos, ser
detenida por la policía, al igual que Miguel, por
una orden de aprehensión que un juez de
Guadalajara giró en mi contra, por un supuesto
desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuve conocimiento.

Y digo "en el mejor de los casos", porque hace 16
meses que vivo amenazada, acosada, vigilada, y
perseguida por órdenes de Jesús Alonso Zaragoza
López, quien me demandó por "daño moral" después
de que publiqué dos entrevistas que él mismo me
concedió, y luego de que rechacé todos los
ofrecimientos de sobornos que me hizo.

¿Qué fue lo que me dijo Zaragoza López en las dos entrevistas?

Detalló aquél pasaje de su vida, cuando la
agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió
una investigación en su contra, y en contra de
sus hermanos, de su papá y de sus empresas, luego
de que las autoridades de ese país descubrieron
un cargamento de cocaína en una de sus pipas que
trasportaba gas licuado de petróleo de México a Estados Unidos.

-- ¿Y el chofer de la pipa, don Jesús? - le pregunté.

-- Desapareció, nunca más se supo de él. Desapareció toda su familia.

-- ¿Cuántos años llevaba trabajando con usted?

-- 20 años --respondió en la entrevista.

Una familia entera incómoda a la familia Zaragoza
desapareció, y al empresario nadie le preguntó nada.

Jesús Zaragoza me dijo que en el sexenio de
Vicente Fox, el secretario de Energía, Felipe
Calderón Hinojosa, lo recibía en sus oficinas
para "ayudarle" en sus negocios y que, a cambió,
él lo apoyó económicamente para su campaña a la presidencia de la República.

Me contó cómo los directivos de Pemex le
ofrecieron el negocio de los ductos, mucho antes
de que se hablara de una reforma energética.

Me dijo cómo el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola, le ayudó a instalar
su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta
a Pemex Gas para almacenar el gas que luego Pemex
le vende a él, y a su vez él distribuye a millones de consumidores.

Me detalló cómo soborna alcaldes y autoridades
locales y federales para que le permitan instalar
sus plantas de gas en zonas prohibidas y, por
encima de las protestas ciudadanas, como lo hizo
en el pueblo de Campos, según documentamos entre los pobladores.

LA DEMANDA

Todo ello fue grabado con el consentimiento de
Jesús Alonso Zaragoza López, quien al concluir
las entrevistas me ofreció llevarme de compras a
Estados Unidos y viajar en sus aviones privados.
Lo rechacé, y en respuesta, en agosto de 2007,
presentó la primer demanda en contra de la
revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo, y en contra mía.

Durante el juicio, Zaragoza reconoció como suya
la voz de las grabaciones que exhibimos como
prueba de nuestro dicho, aunque sus abogados:
Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuéllar
Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel
Aguilar Maya intentaron que el juez no la
desechara. En septiembre de 2008 estos mismos
abogados, con sus guardaespaldas armados y
elementos de seguridad pública, allanaron
nuestras instalaciones y nos amenazaron con confiscar nuestras computadoras.

En el juicio, Zaragoza López no aportó una sola
prueba que sostuviera sus acusaciones en contra
nuestra. Nosotros aportamos, además de las
grabaciones, cientos de documentos que respaldan
las investigaciones periodísticas publicadas,
incluidos los que Zaragoza me proporcionó, emitidos por Calderón Hinojosa.

Durante el juicio solicitamos los testimonios de
los funcionarios que, según dijo Zaragoza, le han
facilitado sus negocios: Felipe Calderón Hinojosa
y algunos directivos de Pemex, sin embargo, los
jueces se abstuvieron de citar a ninguno de ellos.

El argumento central de Zaragoza López, validado
por los jueces del Tribunal Superior de Justicia
es que él es dueño de 80 empresas, y que yo soy
"una pobre reportera". A él se le permitió
entrar al juzgado con guardaespaldas armado, a mí
ni siquiera se me permitió declarar: el juez me declaró confesa.

Durante el juicio sus abogados amenazaron a
Miguel Badillo y a mí de que nos desaparecerían y
que acabarían con Contralínea. Se nos advirtió
que con su dinero y sus influencias Zaragoza
acabarían con nosotros, que una tras otra, nos
presentaría 80 demandas. Hoy vemos cumplir las amenazas.

INFORMAR, MI PROFESIÓN

Hace diez años que ejerzo el periodismo. He
desempeñado mi profesión con estricto apego a la
ética, sin otro interés que informar a la sociedad.

El acoso de los contratistas de Pemex en contra
mía se recrudeció en febrero del año pasado,
cuando investigué y publiqué en Contralínea los
contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño
en su dualidad de funcionario público y
empresario privado. Cuando le entregué los
contratos a Andrés Manuel López Obrador, se
desataron las amenazas directas de funcionarios públicos en contra mía.

He recibido llamadas telefónicas donde se me
amenaza de muerte. Mi domicilio está
constantemente vigilado. He padecido seguimientos
y me han tomado fotografías. Todo ello lo
denuncié desde 2008 ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y ante la Fiscalía
Especializadas de delitos en contra de
periodistas, de la Procuraduría General de la República.

Aún cuando las investigaciones en torno a la
familia Zaragoza me llevaron a descubrir sus
negocios oscuros y aún cuando sus propios
trabajadores me habían advertido que "son gente
de cuidado", hasta ahora me doy cuenta que la
impunidad con la que actúan supera todo lo que pensaba.

Conozco mi deber como periodista, obedezco a mi
ética; soy respetuosa de la ley y de las
instituciones, tan es así, que he cumplido
cabalmente con todo el proceso judicial al que se
me ha sometido, pese a estar plagado de
irregularidades. Sin embargo, el día de hoy tengo
que permanecer escondida sin haber cometido
delito alguno. Pero he de confesar que huí más
por miedo de las amenazas de la familia Zaragoza,
que por la detención. Es lamentable que ni
siquiera mi familia pueda saber de mi paradero.

Aún en este panorama adverso, reflexiono que
seguiré con mi trabajo, pues, sin hacer juramento
alguno, como los médicos, los periodistas nos
debemos a la sociedad, y ello implica defender
la libertad de expresión, así como el derecho
ciudadano de estar informado. Tengo claro que
éste es un asunto en el que se pretende callar a
los periodistas que investigamos la corrupción
que impera en Pemex, un tema de interés nacional,
puesto que se trata de una empresa propiedad de
todas las mexicanas y los mexicanos, y la principal generadora de divisas.

Hago responsable a Jesús Alonso Zaragoza López de
lo que pueda ocurrirme a mí, a mi familia, o a
cualquiera de los trabajadores de Contralínea.

"Desempeño el periodismo con ética, sin más interés de informar: Ana Lilia Pérez". CimacNoticias, 19 de enero de 2009.

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Un ciudadano responsable no merece ser tratado así, y no debemos permitirlo.

Difundamos ampliamente.

Pemex NO se vende, SE DEFIENDE hasta con los dientes.

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