miércoles, 24 de octubre de 2012

Ratifican condena contra ex militares por masacre en Guatemala

martes, 23 de octubre de 2012 PL La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala ratificó la condena acordada hace siete meses por un tribunal, que sentenció a 7710 años de cárcel a ex militares por una masacre con saldo de 256 muertos. El fallo del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo está apegado a la ley y no se cometió ninguna arbitrariedad porque la sentencia está basada en las pruebas aportadas durante los debates, señala la resolución leída en audiencia pública en esta capital. La defensa de los militares había apelado el veredicto del pasado 20 de marzo al considerar que hubo irregularidades en el juicio desarrollado en el mencionado juzgado. De improcedente, calificó la referida sala la reclamación de los abogados defensores porque todas las evidencias presentadas establecen como responsables de la matanza a los cinco sentenciados. Cuatro miembros de la extinta agrupación paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil y un comisionado militar, cargo otorgado por el Ejército a colaboradores en la lucha antiguerrillera durante el conflicto interno (1960-1996), fueron sentenciados a siete mil 710 años de prisión el 20 de marzo último. El caso fue por el crimen colectivo de 256 habitantes de la comunidad Plan de Sánchez el 18 de julio de 1982, en el departamento de Baja Verapaz, al norte de la ciudad de Guatemala. La condena es de 30 años por cada hombre, mujer y niño asesinados y 30 más por el delito denominado deberes contra la humanidad, aunque en realidad serán 50 por ser el máximo de tiempo establecido en el Código Penal de este país centroamericano. Los testimonios y peritajes presentados demostraron que ellos actuaron con alevosía, premeditación, ensañamiento y perversidad brutal. Según las declaraciones, a las cuales el tribunal dio valor probatorio, las mujeres fueron violadas, torturadas y ultimadas, mientras todas las víctimas resultaron calcinadas. La fiscalía contó para armar su acusación con argumentos de 47 sobrevivientes, 158 medios documentales y peritajes con los cuales fueron identificadas las víctimas mediante análisis de ADN. El Ministerio Público probó como los cinco enjuiciados ayudaron, guiaron y brindaron información al cuerpo castrense acerca de la ubicación de Plan de Sánchez para ejecutar la matanza, aparte de su participación directa. En el momento del crimen estaba el Gobierno de Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien ordenó varios actos de genocidio como parte de la política de tierra arrasada para acabar con la insurgencia y su apoyo. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Manuel Vicent (1936-?) Escritor español.

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