viernes, 14 de diciembre de 2012

Caso Barillas: El gobierno guatemalteco ha puesto en riesgo el Estado de Derecho

posted by: TONATIUH MALDONADO. jueves, 13 de diciembre de 2012 CERIGUA En el caso de la Hidroeléctrica Santa Cruz, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, el gobierno no solo vulneró el derecho de los pueblos indígenas a un consentimiento libre, previo e informado, establecido en la Constitución Política de la República, sino utilizó al sistema de justicia para criminalizar la resistencia y alentar un conflicto que cobró la vida de una persona y que pone en riesgo el Estado de Derecho. De acuerdo con una investigación realizada en el marco de la Campaña CRECE, la empresa española Hidralia Energía se estableció en Guatemala en el 2008, tras estar involucrada en un caso de corrupción y tráfico de influencias en torno a la construcción de una represa y parques eólicos en Galicia. A través de testaferros, la corporación adquirió 10 hectáreas contiguas a una catarata en Santa Cruz Barillas y en el 2011 comenzó los primeros trabajos en el camino de acceso, lo que originó la resistencia al proyecto; el conflicto se agravó hasta que en marzo de 2012, pobladores incendiaron parte de la maquinaria de la empresa. En mayo del presente año, el jefe de seguridad de la empresa y otro empleado presuntamente asesinaron a un vecino e hirieron a otros dos, hecho que desencadenó disturbios con cuantiosos daños materiales y la ocupación del destacamento militar; la respuesta del gobierno fue decretar Estado de Sitio, que implicó el envío de elementos militares y la suspensión de las garantías constitucionales. La información de la Campaña CRECE, de Oxfam, señala que entre marzo y julio del 2012 el Organismo Judicial emitió 33 órdenes de captura y 17 personas fueron encarceladas de forma irregular; ese organismo consideró que se trata de una medida contra los líderes comunitarios y la población que se resiste a la construcción de la hidroeléctrica. En julio, el gobierno local constituyó un espacio de diálogo que carece de legitimidad pues excluye a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), en tanto la empresa avanza con las construcciones y la divulgación de una campaña que pretende convencer a la Municipalidad para firmar un convenio que garantice la conclusión del proyecto, a cambio de un pago anual, afirma la investigación. Todas esas acciones, que han sido principalmente responsabilidad del gobierno local y del gobierno central, vulnera el derecho de los pueblos indígenas a la soberanía y pone en grave riesgo el Estado de Derecho, concluye la el documento elaborado en el marco de CRECE. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Manuel Vicent (1936-?) Escritor español.

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